En consonancia con lo que discuten lo parlamentarios de la Asamblea Nacional, en torno a la sanción de la Ley contra el desarme de armas de fuego y municiones, que busca derogar la ley del año 2002 que regula la materia, fusionándola con una actualización de la Ley de Armas y Explosivos (LAE) del año 1939. El gobierno del Presidente Chávez, a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció en el día de ayer, las acciones que hará efectiva para el próximo mes de marzo, a los fines para lograr reducir el índice de armas de fuego ilegales en manos de civiles y delincuentes, que según las cifras extraoficiales llegarían a más de 6 millones, y que por medio de su utilización se produjeron más del 80 por ciento de los 18.500 homicidios ocurridos el año pasado. Aunque el gobierno de Chávez, ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo campañas de desarme en respuesta a los niveles alarmantes de violencia armada, que viene cada año destruyendo vidas en el país, consumiendo más recursos estatales y estableciendo el miedo donde debería prevalecer la libertad; estas no han arrojado los resultados esperados, pues no se ha trabajado eficazmente a través de los medios de comunicación, sobretodo los que conforman la red nacional de medios públicos para concientizar a los ciudadanos sobre los peligros y efectos negativos del uso de armas, impidiendo que los individuos se desprendan de sus armas, debiendo el Estado actuar por la fuerza bajo la figura de la incautación y posterior destrucción, pero sin impedir el círculo vicioso que acompaña al problema, como es, el nuevo aumento de la demanda en la calle, el reabastecimiento de armas pequeñas y municiones en el mercado ilegal y el desvío de armas sobrantes del Estado, que muchas veces van a parar a manos de la delincuencia organizada. Sin embargo, ayer, en el primer Seminario Internacional sobre el Control de Armas, Municiones y Desarme, que se celebra en Caracas los días 26 y 27 de enero con la participación de cinco países, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, ya tiene en sus manos la solución del problema mediante una serie de medidas concretas que reforzarán la ley y que en los próximos meses sancionará el parlamento venezolano.
Campaña por la paz y el desarme
El 13 de mayo de 2011, el Presidente de la República Hugo Chávez, creó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, y a pesar que comenzó con mucha fuerza y voluntad para establecer las políticas y lineamientos para sacar las armas de la calle de manos de los delincuentes y civiles, y aminorar la violencia y por ende las muertes por esta causa, las estadísticas con que cerró el 2011, en ese sentido, no fueron nada halagadoras, pues se demostró no sólo que se incrementaron los homicidios a una tasa de 49 por cada cien mil habitantes, sino que en el 90 por ciento de esas muertes alevosas se utilizó armas de fuego de pequeño o gran calibre. Este jueves, el ministro Tareck El Aissami, quien encabeza la Comisión, aseguró que el gobierno tiene por delante un desafío “ciclópeo”, que consiste no sólo desarmar a la población, sino acabar con el tráfico ilegal de armas que deja ganancias muy lucrativas no sólo en Venezuela, sino a nivel mundial. Informando que como primera y obligatoria medida, su gobierno iniciará una campaña nacional por la paz y el desarme, donde se involucre a toda la población, pero también a medios de comunicación privados y públicos, así como anunciantes y empresarios de la publicidad, con la finalidad de impulsar los llamados espacios libres de armas en plazas, centros comerciales y transportes públicos. Pues a criterio de El Aissami, este diálogo permitirá la construcción de un amplio consenso social y la participación ciudadana, a los fines de concluir una investigación rigurosa sobre el problema, sus causas y manifestaciones que suministren datos confiables para su concreción, pues en Venezuela, no existen estadísticas ni oficiales, ni gubernamentales, que permitan con cifras exactas establecer los circuitos de las armas y conocer cuántas armas hay realmente.
Ni hierro, ni plomo para los civiles
Pero si la primera medida señalada por el ministro Tareck El Aissami, convocó al diálogo entre todos los sectores y actores del país para erradicar el problema. La segunda, quizás no cayó muy bien entre los padres de familia que por necesidad y seguridad debido a la naturaleza de sus trabajos, deben portar un arma para defenderse de una delincuencia desatada. En ese sentido, el ministro informó, que a partir del mes de marzo de este año, quedará prohibida la comercialización libre de armas de fuego y el cierre definitivo de al menos 80 armerías en toda Venezuela. Aunque anunció que “por ahora” no se anunciaran medidas drásticas de revocatoria o prohibición de porte de armas, sin embargo, aclaró que el gobierno, en consonancia con el texto de la nueva Ley de Desarme, se abstendrá de otorgar nuevos permisos y que las políticas de seguridad del Estado van direccionadas hacia el desarme total de la población civil, en relación a las armas de fuego pequeñas y las municiones. Presumiendo que para mediados de este año, las armas en manos de ciudadanos que no pertenezcan a las fuerzas armadas o cuerpos policiales, deberán ser entregadas voluntariamente para evitar el incremento de su uso en hechos de sangre. "Evidentemente no vamos a dictar medidas drásticas de prohibición de porte de armas porque sabemos que hay un problema cultural que hay que desmontar primero. Eso lo debemos hacer con campañas, con sensibilización de la población y con el apoyo de los medios de comunicación".
El Gobierno entra en el negocio de las armas
Ante el cierre de las armerías y la prohibición de comercializar armas de fuego, el gobierno como parte de las medidas de seguridad ciudadana en materia de desarme, control de armas y municiones, tomó la decisión de que sea el Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia (MIJ) el organismo que venda, a partir de marzo de este año, las armas y municiones que requieran los distintos cuerpos de seguridad del país, con base en el seguimiento y control de un protocolo. En ese orden, El Aissami advirtió que los cuerpos de policías, desde ahora tienen prohibido adquirir libremente a empresas nacionales o extranjeras las armas de fuego que requieran, pues el gobierno no llevaba control de las armas de fuego compradas, ni las que se desincorporaban por efecto de la reposición. "A partir de ahora el organismo que va a vender municiones y armas a los cuerpos de policía es el Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia. Ahora los cuerpos de policía ya no van a comprar armas libremente ni municiones, ahora deberán tener la anuencia nuestra sobre la base de un protocolo, número de funcionarios, registro de municiones y el uso de las municiones y si van a ser para uso de entrenamiento o de carácter oficial", expresó el ministro El Aissami. De igual forma, expresó que a partir de marzo próximo, el despacho que dirige comenzará a llevar el control de la venta de armas y municiones a los cuerpos policiales. Resaltando como una grave irregularidad sobre el uso de armas en los cuerpos policiales, que todavía existen organismos de seguridad en los que no hay la asignación de un arma por funcionario, hecho que genera la rotación de estas entre varios funcionarios, “no favoreciendo el esclarecimiento de un hecho asociado al uso de esa arma, entre otros elementos". Ayer, la nueva medida de desarme del gobierno, puso muy nerviosas a las compañías que prestan seguridad privada en el país, pues según el proyecto de Ley de Desarme aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, deberán entregar todas las armas de fuego con que cuentan. Pero también preocupó a muchos venezolanos, que ahora sienten que el gobierno desarmará a la población civil, incautando las armas legales, sin prever una política para sacar de las calles los millones de armas de fuego y municiones que dispone la delincuencia, dejándolos en mayor estado de indefensión, pues muchas personas han salvado su vida por repeler con su arma de fuego las conducta delictiva, que el gobierno no ha podido controlar. El problema no es nada sencillo y el gobierno debe ponderar, entre la posibilidad de un desarme total de la población civil o entre la asignación, fiscalización y control de armas con porte legal para la defensa de ciudadanos con trabajos o profesiones altamente riesgosas. La primera alternativa parece la más viable para pacificar al país, pero siempre y cuando, la paz y el desarme total, que ofrece el gobierno, comiencen por los malandros, pues todo el mundo sabe que el plomo y los hierros están en sus manos y a la vista de las autoridades…
