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Rodríguez: “Siguen juzgando a civiles en tribunales militares”

Abogado Carlos Rodríguez. | FOTO: Jesús Valdez

Abogado señala que persisten violaciones a la norma nacional e internacional

Cumaná.- El abogado de la Mesa de la Unidad, MUD Sucre, Carlos Rodríguez, rechazó que civiles sean juzgados en tribunales militares, así como una violación flagrante de los derechos humanos.

“Del estado Sucre hay seis personas puestas a la orden del Tribunal Décimo Sexto de Control Militar, con competencias en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, pero en todo el país son más de 200 los ciudadanos en esta situación violatoria del marco legal”, declaró Rodríguez.

El jurista señaló que la medida ha sido consecuencia de las detenciones arbitrarias cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado y deben analizarse desde el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia, tanto a nivel nacional como desde los Tratados, Pactos y Convenciones suscritos y ratificados por la República.

“El artículo 49 ordinal cuatro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que toda persona tiene derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, principio éste que es desarrollado de forma extensa por el artículo 7 del Código Orgánico Procesal Penal. Por su parte, el Art. 261 eiusdem establece que no pueden ser juzgados civiles ante Tribunales Militares. Queda claro que la legislación nacional prohíbe que civiles  puedan ser juzgados por la justicia militar. Esta prohibición queda reafirmado por la prelación que el Texto Fundamental le da a los Tratados, Pactos y Convenciones en materia de derechos humanos y la obligatoriedad de su aplicación preferente en el orden interno (Art. 23 CRBV)”.

La segunda prohibición que analizó Rodríguez, es la subjetiva, es decir, desde el punto de vista del sujeto procesal al que la Constitución y la Ley le atribuyen la competencia para investigar, imputar y acusar ante la comisión de un hecho punible.

“En este sentido, es conveniente señalar que el Art. 285 en sus ordinales 3, 4 y 5  del Texto Fundamental, señala que el Ministerio Público es el director de la investigación  penal y es quien tiene el monopolio  de la acción penal y en consecuencia, está obligado a intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria”.

De acuerdo a la explicación dada por Rodríguez, este mandato ha sido extendido por el Código Orgánico Procesal Penal en su Art. 111 ordinal 8, por lo que la violación a la garantía del Juez natural, nace a partir de que el ciudadano es puesto a la orden del Fiscal Militar, funcionario éste que de acuerdo a la doctrina sentada por el Ministerio Público debió desaparecer a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal.

“La tercera prohibición nace del tipo penal imputado a los civiles previsto en el artículo 501 del Código de Justicia Militar (ultraje y ataque al centinela). Sobre este particular es conveniente señalar  que el Código de Justicia Militar tiene más de 80 años, por lo cual debe ser reformado y  adaptado tanto a la Constitución de la República como al Código Orgánico Procesal Penal y de acuerdo a los supuestos de hechos de estas normas, sólo serán aplicables las consecuencias jurídicas de las mismas cuando las víctimas (militares) se encuentren realizando funciones  de vigilante o centinela y  cuando los Guardias Nacionales salen a resguardar o reprimir  las protestas, están prestando funciones de orden público, tal como lo ha señalado de manera recurrente la doctrina patria” añadió el especialista.

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