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¿Quién impide el derecho al voto…?

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio, lanzó una amenaza a la oposición, en caso de que se les ocurra cerrar escuelas, formar guarimbas e impedir que los “electores que desean sufragar por los candidatos a constituyentes no puedan hacerlo por hechos violentos”. ¡“Van a ir presos”. La rectora D’ Amelio, se refirió al artículo 166 del Código Procesal Penal que “establece que toda aquella persona que impida el ejercicio al derecho político, tiene 15 días o 15 meses de detención.

No estoy inventando absolutamente nada, las normas lo establecen y como tal se debe cumplir”. Sin embargo, casi dos años cumplirá el país sin acudir a un proceso eleccionario, y es que la última vez que los venezolanos ejercieron el derecho al voto, fue en diciembre de 2015, cuando se efectuaron las elecciones parlamentarias y la contundente derrota sufrida por el gobierno, no sólo redireccionaron las estrategias políticas electorales del partido de gobierno, sino que también inhabilitaron al Poder Electoral y por ende el derecho de votar de todos los venezolanos. Otra rectora, esta vez la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, también se pronunció en torno a las amenazas de la oposición de “sabotear” el acto de votación del 30 de julio. “No se puede impedir, bajo ninguna circunstancia, el derecho de los electores.

Estamos observado con preocupación todas esas amenazas de impedir que las personas acudan al proceso electoral; y también podemos esperar violencia física. El sufragio no se puede impedir porque es un delito y vamos a actuar”, advirtió. En este sentido, indicó que estudiará la opción de ir al Tribunal Supremo de Justicia para “evaluar medidas” de protección, “…voy a proponer que acudamos al TSJ para que nos indique cuáles son las medidas que debemos tomar para garantizar el derecho al sufragio”. En diciembre del año pasado, constitucionalmente al CNE le correspondía celebrar las elecciones regionales para renovar en los 24 estados a los gobernadores, sin embargo, el escollo que retrasó las elecciones, fue la activación del referéndum revocatorio y la falta de dinero ante la crisis económica que sigue afectando al país, pues hasta enero de este año muchos voceros oficialistas aseguraban que el país no estaba para gastar dinero en elecciones cuando la “prioridad era importar alimentos y medicinas”. ¿Cuánto cuesta al CNE organizar el proceso constituyente? ¿De dónde apareció el presupuesto de unos comicios tan complicados que elige a 540 personas en todo el país? Durante un año y siete meses los venezolanos debieron sortear muchos escollos para poder volver a votar en elecciones que el “Contrato Social” pautaba y de las cuales se debía tener el presupuesto asignado por la respectiva Ley Especial del año 2016, pero el dinero nunca apareció, por el contrario, el Poder Judicial y el Electoral, se unieron para dilatar con sentencias y con un proceso de renovación de partidos donde se amenazaba con su eliminación, todo intento de elecciones mediante el voto universal, directo y secreto. Siendo el CNE el único ente que puede organizar los procesos electorales en el país, se tomó la “libertad” de irrespetar los lapsos que establecía la Constitución para las elecciones regionales, porque estaba ocupado en organizar y estructurar desde que comenzó el año, el proceso electoral constituyente, dejando en un segundo plano, como en efecto sucedió, al proceso electoral que le ordenaba convocar y organizar la Constitución.

¿Quién ha impedido entonces el derecho al sufragio a los venezolanos? ¿Quién saboteó las elecciones regionales y colocó “miguelitos” para que el voto popular se desinflara desde diciembre de 2015 hasta la actualidad? ¿Quién ha impedido que el pueblo se exprese mediante un referéndum popular y consultivo si desea o no una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Quién le puede provocar un daño patrimonial severo a la nación, si luego de una costosa elección, de la instalación de una Asamblea Constituyente por espacio de uno o dos años, el pueblo rechaza la nueva Constitución que sea redactada? Nadie debe sabotear el sagrado derecho al sufragio que tienen los ciudadanos, ni los particulares con acciones violentas, ni mucho menos los poderes públicos, quienes abusando de su poder organizativo, administrativo y funcionarial, colocan obstáculos eufemísticamente “legales” para impedir impúdicamente procesos electorales ordenados por la Constitución, pero impulsan y defienden elecciones que sin estar programadas en la Carta Magna hoy se han convertido en prioridad nacional.  En ambos casos, los saboteadores deberían ir presos, pues en virtud de lo previsto en el artículo 166 del Código Procesal Penal, se ha impedido, y ahora se amenaza con frustrar el derecho al sufragio, aunque por vías de hecho muy diferentes…

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