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La prueba de fuego 

Desde el 6 de diciembre del año 2015, el régimen autoritario de Maduro, en complicidad con el resto de los poderes públicos y las instituciones del Estado, a excepción de la Asamblea Nacional electa en esa fecha, han cometido todo tipo de delitos y violaciones sistemáticas de la Constitución Nacional y los derechos humanos, con el único propósito de mantenerse en el poder, han perpetrado las más grandes arbitrariedades jamás conocidas en los últimos 60 años de vida republicana, han invadido competencias, perseguido y apresado disidentes políticos, asesinado manifestantes pacíficos, saltado y desconocido acuerdos internacionales, ignorado la organización que agrupa los países del continente y la corte Interamericana de los derechos humanos, destituido ilegal e inconstitucionalmente altos funcionarios que le son incómodos, desproclamado diputados electos soberanamente por el pueblo, desfalcado la hacienda pública y pare usted de contar; todo esto hecho a la sombra del poder y a través de la fuerza bruta, que controlan a placer, por intermedio de todos los organismos de seguridad del estado y de la maniatada y pretoriana fuerzas Armadas nacionales, que han servido de brazo ejecutor en connivencia y complicidad con la fraudulenta y desconocida en el mundo Asamblea Constituyente.

Durante todo este tiempo, esos salvajes y anti democráticos actos contra el estado de derecho y la sociedad venezolana, han tenido el rechazo de todas las naciones democráticas del mundo y de la comunidad internacional, que en los cinco continentes se han manifestado en contra y les han impuesto sanciones de carácter económico que los mantienen prácticamente aislados, pero con la reciente renuncia, inducida por el jefe del clan que gobierna, del expresidente de PDVSA y Embajador de Venezuela en las Naciones Unidas Rafael Ramírez, llegó la prueba de fuego para la ONU, porque si la máxima organización que agrupa a la casi totalidad de las naciones, se rige por el ordenamiento Constitucional venezolano, que obliga que el trámite del nombramiento del sustituto debe ser considerado y discutido por la Asamblea Nacional, la designación de Maduro del nuevo representante es nula y carece de legalidad, lo que impide que ese funcionario pueda ejercer el cargo y por ende no puede ser admitido como tal, en el máximo órgano de representación de la humanidad y esto sería una nueva razón y un nuevo insumo en el expediente, para que el régimen de facto venezolano, sea definitivamente desconocido en esa instancia internacional.

A todas luces, esta nueva y flagrante violación constitucional, es comprobatoria y demostrativa, de la grave situación de secuestro en que está la sociedad Venezolana y esta organización mundial (ONU), está obligada a dar los pasos que sean necesarios, para coadyuvar y contribuir de manera definitiva y en términos perentorios, en la restitución de la República Bolivariana de Venezuela y el orden Constitucional roto.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”PSB.

Por. Lic. Pedro Segundo Blanco ex parlamentario del estado Sucre

Correo Electrónico petersecond1@hotmail.com

Cuenta Twitter @pedrosegundoABP

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