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¡Pena de muerte para los corruptos!

Pena de muerte por 50 años

A raíz de las más de 300 detenciones por caso de corrupción que han sido descubiertos en Pdvsa, Pdval, Citgo, los Clap y otras dependencias y empresas públicas, desde el alto gobierno ya se comienza a pensar en introducir ante la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de Ley que legalice la pena de muerte para aquellos funcionarios públicos y criminales que se roban los dineros públicos y manchan de sangre las calles del país. Y es que para el exembajador del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, “los corruptos deberían pagar pena de muerte en Venezuela”. Según Chaderton, ha reflexionado sobre el tema “…pero  pero todavía no es un pensamiento firme. A veces sueño con que deberíamos instalar la pena de muerte para los corruptos”. El exdiplomático también señaló en una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, que sueña con instalar esta condena por un período de al menos 50 años con el objeto de que haya suficiente tiempo para acabar con este mal que a su juicio se ha extendido hasta las mismas entrañas del pueblo”. El político aseguró que durante toda su vida ha sido enemigo de la pena de muerte pero que no ve otras alternativas en estas circunstancias. “Cuando uno ve que puede ser empujado entre la muerte de un país en manos de un miserable y la muerte de esos miserables, para mí la opción es muy clara acabar con el mal desde la raíz”.

La corrupción se ha convertido en una cultura

Para el exembajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, el flagelo de la corrupción se había convertido en una cultura en el país y que podía tener la capacidad de destruir la nación. “La corrupción se ha convertido en una cultura en este país. Es un caso grave, y tiene la capacidad de destruir a Venezuela”, advirtió el también integrante de la Comisión del Gobierno Bolivariano en la Mesa de Diálogo con los representantes de la oposición en República Dominicana. “Es horrible, donde quiera que uno vaya, están las señales de la corrupción y eso incluye al sector privado, que es el principal cliente de la corrupción en el país”, expresó Chaderton. El alto funcionario consideró que para los que están asumiendo la conducción de la principal industria del país (Petróleos de Venezuela -Pdvsa-), “y para muchos funcionarios oficiales, que estén reincorporándose o ya lo estén desde hace un tiempo”, deben de tomar como referencia o ejemplo, el precedente que sienta el Estado venezolano con las investigaciones del Ministerio Público, “porque creo que todavía falta registrar, escarbar un poquito más. Ese es un deseo y es una recomendación”, concluyó el veterano político.

La pena de muerte en Venezuela

La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por un delito cometido que sea repudiable por la sociedad. Desde la abolición legal de la pena de muerte en Venezuela en 1863, bajo la presidencia de Juan Crisóstomo Falcón, con el decreto de Garantías, el tema al parecer se ha convertido en un tabú. Aquella abolición fue inscrita  en la nueva Constitución de 1864, y desde entonces ninguna otra de las 27 Constituciones que ha tenido el país en su historia republicana la ha instaurado, por el contrario, ha dejado en su texto la advertencia que el Estado Venezolano respeta la vida de sus ciudadanos aún cuando sean criminales y corruptos. De hecho Venezuela fue el primer país en abolir la pena de muerte en todo el mundo de su ordenamiento jurídico penal.

La Constitución la prohíbe. ¿Se aplica en la práctica?

El coqueteo con volver a aplicar la pena de muerte en Venezuela, no es nuevo, pues desde hace unos 10 años con el incremento incontrolable de la criminalidad en el país, de asesinatos, secuestros y otros delitos, muchos han visto como única salida matar legalmente a quien le quita la vida a otro ciudadano o se roba inmisericordemente los dinero de un pueblo para dejarlo pasando hambre. Sin embargo, la discusión se ha centrado si en el país la pena de muerte se viene aplicando en forma extralegal, vale decir, sin una legislación que la autorice, ni unos jueces que la ejecuten. En la Constitución Bolivariana de Venezuela está prohibida la aplicación de la pena de muerte. Empero, pareciera que es letra muerta. Y es que para muchos penalistas, como el profesor universitario, criminólogo y experto en el tema Alberto Arteaga, operativo como la OLP o su versión moderna la OLHP, cuando se activa, no respeta derechos humanos y menos la vida de justos y pecadores. A su criterio, es la aplicación de la pena de muerte de hecho y el gobierno solapa cualquier averiguación o castigo a los responsables con el argumento de la lucha contra las bandas criminales. Y el pueblo, azotado por la delincuencia, calla y hasta lo justifica. Arteaga sostiene con seriedad y contundencia que  el problema de la inseguridad, de la delincuencia y la corrupción en el país no se remedia con la amenaza de la pena de muerte, de la cadena perpetua o de 50 años de prisión, aunque ello suene grato a los oídos de mucha gente. Y es que la  prevención del delito y el funcionamiento de un sistema de justicia confiable, imparcial y profesional, que comprometa por igual a la policía de investigaciones, a la Fiscalía, a los tribunales y al régimen penitenciario, son condiciones para reducir a términos tolerables las estadísticas aterradoras del delito en Venezuela y propiciar una lucha eficaz contra la violencia y la criminalidad.

¿Cuáles delitos merecerán la pena de muerte?

Los que abogan por la pronta instauración de una Ley de Pena de Muerte en Venezuela, como el embajador Roy Chaderton, también han sugerido la tipología de delitos que podrían ser merecedores de esa mortal condena. Entre ellos, resaltarían los delitos de corrupción contra los dineros públicos, enriquecimiento grosero y descarado de un funcionario, daño patrimonial grave a la nación, daño a la economía y la moneda, pero además comienzan a aparecer otras categorías de delitos que más que conductas antijurídicas, podrían ser considerados delitos de rango político merecedores de esa sanciones como la traición a la patria, instigación al odio u otros delitos de abierta e imprecisa descripción, que para expertos como Alberto Arteaga, hacen “…pensar en el ensañamiento contra los adversarios políticos y en los casos en los cuales sí se cumple con seguridad la pena impuesta”. Para el experto, la sugerencia de Roy Chaderton es sumamente peligrosa porque en todas partes del mundo donde existe la Pena de Muerte, especialmente en China  donde gobierna un régimen comunista se ha utilizado esa licencia para matar que tiene el gobierno para acabar en forma “legal” con los adversarios políticos, que han sido llevados a la horca por delitos como rebelión contra la revolución o traición a la patria. Una vez más equivocamos el camino o reforzamos consignas carentes de todo fundamento, que solo alimentarán expectativas de un pueblo sediento de justicia y no de venganza. Reafirma Arteaga.

¿Una Ley o darle rango constitucional?

Según las normas de funcionamiento dictadas por los 540 constituyentistas desde julio pasado, el Asamblea Nacional Constituyente tendrá dos años de duración, tiempo durante el cual redactará una nueva constitución nacional. Para los defensores de la propuesta de legalizar la pena de muerte en Venezuela, no existe mejor oportunidad que plantearla ante el todopoderoso organismo, para que la incluya en la nueva Carta Magna y así darle rango constitucional a la Pena Capital para condenar a asesinos, violadores, secuestradores y corruptos que se llevaron los dólares del país y viven como magnates por el mundo mientras millones de venezolanos pasan hambre, no tienen una medicina para curarse y el insuficiente salario no les alcanza un medio de una hiperinflación que ya ha sido reconocida hasta por el propio gobierno al tener que aumentar las bolsas y las cajas del Clap. Sin embargo, otros “enamorados” por establecer la pena de muerte en forma más rápida, aseguran que no se debe esperar dos años para que se instaure esta severa sanción en el país, porque la Asamblea Nacional Constituyente tiene la facultad de dictar “Leyes Constitucionales” en todo los ámbitos del ordenamiento jurídico nacional, incluyendo el criminal. Por ello, se propondría un proyecto de Ley Constitucional de Pena de Muerte para delitos Atroces y contra el Patrimonio Público que comprenda la categoría de delitos a los cuales se le aplicará el castigo físico, la forma de llevarlo a cabo en la forma más humanitaria posible (inyección letal, silla eléctrica) y la constitución de una jurisdicción penal especial para juzgar este tipo de delitos. Sin embargo, hasta ahora todo representa una utopía, un ideal que ha surgido ante el desborde de la criminalidad, pues el país terminará este año nuevamente como líder de homicidios en Suramérica, segundo en todo el continente, y entre los diez países más peligrosos del mundo, y primero en corrupción en América y entre los cinco del mundo según la organización mundial Transparencia Internacional por cinco años consecutivos.

Más que una solución, un peligro

Para el abogado penalista Alberto Arteaga, instaurar un sistema penal de muerte legal en el país más que una solución a los problemas actuales de grotesca corrupción y dantesca criminalidad que azota a la sociedad, se puede convertir en un peligro real porque existe una tragedia penal en Venezuela. Y es que el experto se muestra preocupado al ver cómo la justicia está convertida en una especie de linchamiento para los disidentes considerados peligrosos para el actual gobierno. “Se violan todas las normas de la Constitución, existen atropellos flagrantes y se disfrazan las ordenes de aprehensión con sorpresas infraganti y burla macabramente el debido proceso, el dispositivo de una investigación se dispara con la declaración de un llamado patriota cooperante o como lo llaman, el sapo criollo y las ordenes de excarcelación emanadas de un juez no son cumplidas por los órganos de inteligencia”. Sostiene Arteaga. La justicia penal se ha transformado para perseguir únicamente a los adversarios políticos, señala. Según explica Arteaga Sánchez, la política tiene metida las manos en la justicia. “Hemos retrocedido en justicia. Estamos ante la santa inquisición, de cuyas garras pocos se salvan. Los jueces están contra la pared, tienen mucho miedo de tomar sus decisiones. No hay Estado de derecho en este país”. Sentenciando,  que bajo esas condiciones revivir la Pena de Muerte en el país, sepultada desde 1864, sería el más grande retroceso en derechos humanos que se produzca en Venezuela y el más grave peligro para los ciudadanos porque según su criterio, su utilización no ha bajado los índices delictivos en los países que hasta ahora la aplican, y ha aumentado las muertes y desapariciones en países dictatoriales para mermar no a delincuentes, ni corruptos, sino a enemigos políticos y opositores al gobierno de turno. Lo cierto es, que el tema de la pena de muerte comienza a escucharse fuerte tras las paredes de la Constituyente.

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