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Sucre ocupa el séptimo lugar en muertes violentas del país

Prensa OVV

En el Informe presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia OVV en Caracas, en su pronóstico de 2017 registra 26.616 fallecidos en todo el territorio nacional, para una tasa de 89 muertes violentas por cada cien mil habitantes.

Asimismo, en la presentación realizada públicamente por Roberto Briceño-León, Director del OVV y del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO,  detalla que 16.046 fueron homicidios, 5.535 por resistencia a la autoridad, mientras 5.035 casos permanecen en averiguación.

El estado Sucre ocupa el séptimo lugar en muertes violentas registradas en el país (un peldaño más que en 2016),  con una tasa de 81 muertes violentas por cada cien mil habitantes. La entidad oriental se ubica después de Aragua, Miranda, Amazonas, Bolívar, Distrito Capital, Carabobo y por encima de entidades como Zulia, Monagas y Táchira.

De acuerdo al balance realizado por el OVV Sucre que coordina Jesús Subero, el 94 % de las víctimas pertenecían al sexo masculino y 6% al femenino; en su mayoría con edades comprendidas entre 20 y 24 años.

El análisis realizado en el plano local con base en el reporte de prensa publicado en el Diario Región (único rotativo que circula en la entidad sucrense); desde enero hasta noviembre de 2017, señala que el 50% de los delitos ocurrieron por homicidio, 32% por tentativa del mismo, 10% por robos y 8% por otros factores.

Igualmente, Subero precisó que 86% de los sucesos se registraron en la calle, mientras que 80% de los victimarios utilizaron armas de fuego, 29% de los hechos ocurrieron bajo el móvil de venganza y 28% bajo el móvil de robo.

Sin embargo, el OVV argumentó la disminución de los homicidios en el país por la reducción de los criminales, el efecto del aniquilamiento y el impacto de las protestas sociales y políticas en la acción del delito organizado durante varios meses del año. Además del mayor control territorial de las bandas organizadas y sus alianzas con otros grupos y funcionarios como parte de la denominada paz criminal.

Precisamente se ha evidenciado la evolución de la actuación delictiva juvenil, reflejada en la tendencia creciente de las nuevas formas de violencia en el país, marcadas por el deterioro de la calidad de vida y la disolución sistemática del estado de derecho.

Es así como en todo el territorio nacional se puso de manifiesto un aumento de la violencia interciudadana, marcada por  la agresividad para adquirir productos de primera necesidad y servicios, violencia doméstica derivada de situaciones de hambre en los hogares, así como violencia de estado; marcada por el uso desproporcionado de la fuerza para el castigo y represión de la protesta social y política de los ciudadanos.

“En el año 2017 se acentuó la disolución del Estado de Derecho a partir de un conjunto de acciones y medidas que destruyeron los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución vigente substituyéndolos con medidas e instancias de poder paralelas, provocando una doble institucionalidad que ha incrementado el sentimiento de anomia de la sociedad y ha reducido la creencia en las vías legales como el medio adecuado para la resolución de conflicto” indicó Briceño-León, durante la presentación del informe anual el pasado 28 de diciembre.

Con ello, sostuvo que “un país que tiene dos Asambleas Nacionales, dos Fiscalías y dos Tribunales Supremos de Justicia, es una sociedad que no tiene mecanismos de control civilizado de la violencia”

Igualmente, el Informe señala que la crisis económica, ha provocado un incremento de la desigualdad en la sociedad y han creado dos polos contrastantes de extrema riqueza y extrema pobreza en el país.

“En este año 2017 se ha acentuado el desabastecimiento, se ha incrementado el costo de todos los productos de la canasta alimentaria y se ha deteriorado el ingreso familiar, generando una progresiva pauperización de enormes sectores sociales” reseña el documento.

El análisis del OVV se presenta frente a la opacidad de la información oficial, no solo a través de los reportes de prensa sino que también este año 2017 destacaron la realización de grupos focales y entrevistas a profundidad a diversos sectores  de la población incluso, con especial atención a la polarización política para determinar las percepciones entorno social y económico que atraviesa el país, donde han sido expresadas las consecuencias del empobrecimiento  y la violencia con la acción de bandas criminales en jurisdicciones que anteriormente eran consideradas tranquilas, el aumento de la violencia en el transporte público y el robo de vehículos.

Con los factores expuestos, el coordinador del OVV Sucre ratificó que el Estado es el responsable de ejecutar políticas adecuadas para la prevención del delito así como la seguridad de las personas sobre la base del respeto a los derechos humanos. Mientras que a través del OVV en Sucre, también se mantiene la voluntad de contribuir  a la pacificación del país y al restablecimiento del estado de Derecho.

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