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¡CPI investigará violencia en las protestas!

Un examen preliminar

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció ayer jueves la apertura de exámenes preliminares por “presuntos crímenes” a raíz de informaciones sobre uso de “fuerza excesiva” de los Cuerpos de Seguridad del Estado y el empleo “de medios violentos” por parte de manifestantes. “Desde el año 2016 he seguido de cerca la situación en Filipinas y en Venezuela. Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (…) he decidido abrir un examen preliminar”, dijo en un comunicado la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. En el caso venezolano desde abril de 2017 “se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”, señala en el comunicado Bensouda. “También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, añade en el comunicado. La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre del año pasado que investigara los presuntos abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano. “Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad”, dijo entonces Ortega, al presentar ante la sede de la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencias. Entre abril y julio, más de 120 personas murieron en Venezuela durante las manifestaciones contra el gobierno del presidente Maduro. La Fiscal de la CPI, también recordó que una investigación preliminar no es una investigación de pleno, sino un “proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación“. La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo investigaciones genuinas sobre los hechos investigados.

No hay tiempo de duración

En ese orden de ideas, la Fiscalía apuntó que no hay tiempo establecido sobre la duración de un examen preliminar, ya que depende de “los hechos y circunstancias de cada situación” y se reserva el derecho de continuar recopilando información para establecer si inicia una investigación de pleno o si no hay una base razonable para proceder. Sin embargo, precisó que el examen sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos “al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa”, dijo la fiscal. Fuentes judiciales explicaron que la iniciativa de Bensouda está prevista entre los causales de investigación, los cuales son: la denuncia de un Estado, cuando el Consejo de Seguridad remita una denuncia o por iniciativa propia.

¿Qué dice el Estatuto de Roma?

El artículo 15 del Estatuto de Roma establece que en el supuesto de que el fiscal inicie una investigación de oficio deberá, en caso de llegar a la conclusión de que existe fundamento para iniciar una investigación, presentar a la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) una petición de autorización d investigación. Luego, esta instancia, si considera que existe fundamento, autorizará su inicio. En caso que la Sala de Cuestiones Preliminares  se negase a autorizar la investigación, esto no será obstáculo para que el fiscal presente una petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación. Mientras que el artículo 58 señala que en cualquier momento, luego de iniciada la investigación la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del fiscal, la orden de detención contra una persona si tras examinar la solicitud y las pruebas, hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte. “En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”. Indicó la fiscal en un video al hacer el anuncio sobre Venezuela.

Almagro lo celebra

Radical como ha sido contra el gobierno venezolano, ayer el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, celebró la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de iniciar un examen para analizar si en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad. “Esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia”, dijo Almagro, un duro crítico del gobierno de Maduro, en su cuenta en Twitter. Almagro se pronunció luego de que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunciara más temprano la apertura de “un examen preliminar sobre la situación en Venezuela”. Almagro inició en septiembre pasado un proceso en el seno de la OEA para evaluar si el caso de Venezuela amerita ser llevado ante la CPI. Un panel independiente de expertos internacionales realizó una serie de audiencias en ese sentido y en las próximas semanas se espera su informe final, que recomendará o no si hay fundamentos suficientes para presentar el caso ante la CPI.

HRW apoya

Otra organización que  refirió el asunto fue Human Rights Watch (HRW). Celebró el “mensaje contundente” que hoy (ayer)  la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente venezolano, Nicolás Maduro” “Al abrir un examen preliminar, la fiscal de la CPI está enviando un mensaje contundente de que está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro”, consideró  en un comunicado José Miguel Vivanco, director para América de HRW. “El poder judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones de la CPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por un tribunal independiente”, agregó. Según la organización, en el año 2017 el Gobierno venezolano “cometió de forma sistemática abusos brutales, incluyendo torturas, contra quienes se manifestaban contra el Gobierno y contra opositores políticos”. Las investigaciones de Human Rights Watch concluyeron que “los abusos durante 2017 fueron parte de una práctica sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas”. “Aunque ésta no fue la primera vez que se castigó el disenso durante la Presidencia de Maduro, ya que en el 2014 las fuerzas de seguridad también reprimieron manifestaciones y procesaron arbitrariamente a críticos, la magnitud y la gravedad de la represión durante 2017 alcanzaron niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela”, subraya la organización.

Exfiscal se pronuncia

Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República, se pronunció ayer  en relación con la medida de La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) luego de que se abriera una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Saludamos el inicio de un examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017 en Venezuela, tal como lo denuncié ante ese organismo el pasado 16 de noviembre, cuando consigné más de 1.690 pruebas que sustentan el caso”, expresó la funcionario en su cuenta de Twitter ayer jueves.

La AN va a cooperar

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) y presidenta de la Comisión de Política Exterior, Delsa Solórzano, afirmó que van a consignar los recaudos necesarios para que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda ampliar las investigaciones que lleva a cabo sobre Venezuela, reseñó Unión Radio. “Esta investigación la han abierto por la represión ocurrida durante las marchas del 2017. Ha anunciado la fiscal que en el marco de esta investigación va a requerir que se le consignen todos los documentos necesarios”, indicó Solórzano en un contacto telefónico exclusivo para Unión Radio. Solórzano destacó que cuando se ha insistido en la defensa de los derechos humanos se hace en nombre de todos los venezolanos. “Hemos insistido en que no tiene frontera la defensa de los DDHH. El mundo tiene los ojos sobre lo que ocurre en Venezuela”.

Fiscalía ya investiga esos casos

El Fiscal General de la República impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, aseveró este jueves que el Ministerio Público está dispuesto a demostrar que investiga los casos de violencia ocurridos durante las protestas opositoras de 2017, a propósito del anuncio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. “En el caso por el cual se ha pronunciado la fiscal de la Corte Penal Internacional debo decir que su información pudiera parecer no sólo sesgada, sino que no ha tenido la oportunidad de ni siquiera comunicarse para solicitar al Ministerio Público información de los casos a los que hace referencia que tienen que ver con los lamentables sucesos de abril a junio del año 2017”, dijo Saab en rueda de prensa. El mandamás del Ministerio Público recordó que la CPI y sus instancias actúan de manera complementaria en casos que no hayan sido judicializados, hecho que a su juicio no corresponde con el caso venezolano. Asimismo, indicó que su gestión “tiene suficiente documentación de hecho y de derecho que revela que los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo y los tribunales de la República”. “En el caso de Venezuela, no somos como otros países que han practicado el exterminio, el terrorismo de Estado”, destacó al tiempo que resaltó que “el Estado venezolano castigará a quienes violen los derechos humanos y no permitirá la impunidad”.

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