La empresa petrolera estatal venezolana PDVSA ha logrado extender temporalmente su contrato de arrendamiento en la Refinería Isla de Curazao.

El acuerdo permitirá a PDVSA continuar utilizando la refinería por un máximo de un año adicional como parte de una «transición» a un nuevo operador, según una declaración del propietario de la refinería estatal, Refinería di Koursou (RdK) el domingo.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, y el representante de RdK, Marcelino de Lannoy, en Caracas el sábado, y según se informa incluye el compromiso de PDVSA de invertir en mantenimiento durante el año 2020.

La Refinería de Isla, situada a sólo 140 kilómetros de la costa norte de Venezuela, tiene una capacidad para procesar 335.000 barriles diarios (bpd) de petróleo crudo en combustibles convencionales, polímeros, petroquímicos, asfalto y ceras crudas, así como aceites lubricantes. Además, cuenta con instalaciones de almacenamiento para productos petroleros venezolanos.

PDVSA ha arrendado las instalaciones de manera continua desde 1985, pero RdK está considerando cambiar de operador para evitar medidas coercitivas por parte de Washington. La empresa inició conversaciones con el conglomerado industrial europeo Klesch Group en septiembre, pero aún no se han revelado más detalles.

A pesar de un modesto aumento en la producción en octubre, la producción de petróleo de Venezuela sigue siendo menos de la mitad de la de 2018, con cuellos de botella en el procesamiento, la distribución y las ventas en los últimos meses, ya que las sanciones de EE.UU. siguen siendo severas.

La administración Trump impuso primero sanciones financieras paralizantes a la industria en 2017, y luego decretó un embargo petrolero el pasado mes de enero, prohibiendo a las entidades estadounidenses tratar con PDVSA.

Las sanciones se ampliaron a una prohibición total de las negociaciones con el Estado venezolano en agosto, que amenazaba con sanciones secundarias contra terceros.

Desde entonces, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha atacado directamente a las empresas navieras no estadounidenses con sede en el Caribe que trabajan con PDVSA, en un intento de obstaculizar aún más las exportaciones de crudo venezolano

En mayo, RdK obtuvo una exención de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE.UU., lo que le permitió seguir trabajando con PDVSA hasta enero de 2020. Según voceros de RdK, el permiso de Washington permite un período de gracia adicional de un año durante el cual la refinería puede generar ingresos por concepto de mantenimiento y salarios, pero no generar ganancias. Ni PDVSA ni la OFAC han hecho comentarios sobre la renovación del contrato de arrendamiento.

ConocoPhillips presiona para apoderarse de CITGO
PDVSA también está enfrentando más problemas por sus activos extranjeros en los Estados Unidos, después de que la compañía petrolera estadounidense ConocoPhillips presentó una demanda para embargar las acciones de su subsidiaria CITGO la semana pasada.

ConocoPhillips recibió el año pasado una indemnización de 2.000 millones de dólares por parte de la Cámara de Comercio Internacional por la confiscación de sus activos con sede en Venezuela en 2007. Esta cifra fue incrementada a 8.500 millones de dólares por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en abril de 2019, un fallo que el gobierno venezolano no reconoce.

Daren Beaudo, portavoz de ConocoPhillips, dijo a la prensa que PDVSA ha pagado a la empresa 754 millones de dólares hasta el momento, pero también afirmó que Caracas se quedó a 12 millones de dólares de la cantidad adeudada en el tercer trimestre y no ha pagado nada de la cuota del cuarto trimestre.

La firma estadounidense no tuvo éxito en sus esfuerzos por incautar los buques tanque de PDVSA que ingresaron a la refinería de Isla y a una instalación de almacenamiento de PDVSA en la vecina Bonnaire en mayo de este año, declarando en ese momento que «buscará todas las vías legales disponibles para obtener una compensación completa y justa por nuestras inversiones expropiadas en Venezuela».

Se estima que CITGO, que actualmente está bajo la administración de una junta ad hoc nombrada por el líder de la oposición venezolana Juan Guaido, tiene un valor de 8 millones de dólares. El 49,9 por ciento de los activos de la empresa están inmovilizados como garantía en los contratos de préstamo para el 2016 entre PDVSA y la gigante petrolera rusa Rosneft, mientras que el 50,1 por ciento restante es garantía para los titulares del bono de PDVSA para el 2020.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro se movió para bloquear temporalmente la confiscación de los activos del estado venezolano en los Estados Unidos. Al comentar la medida, Beaudo dijo que ConocoPhillips está «trabajando estrechamente con el gobierno de EE.UU. para determinar el mejor curso de acción».

La petrolera añade su nombre a una lista de firmas que buscan apoderarse de las acciones de CITGO por disputas de pago, incluyendo al gigante minero canadiense Crystallex y a los titulares de bonos 2020 de PDVSA.

En agosto, Crystallex obtuvo permiso para embargar los activos de CITGO como parte de un acuerdo de pago de 1.200 millones de dólares por la nacionalización de sus operaciones en Venezuela en 2008, pero aún no ha tomado medidas.

Los abogados de ConocoPhillips han argumentado que la firma estadounidense debería recibir «el mismo tratamiento» que sus contrapartes canadienses.

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